La aprobación de esta ley servirá para ordenar fenómenos como el alquiler vacacional, actualmente regulado en el archipiélago por un reglamento (Decreto 113/2015) que no establece límites cuantitativos ni cualitativos, por lo que el Gobierno autonómico hace hincapié en que la normativa se impulsará para encontrar el equilibrio entre el residente y el turista.
El Ejecutivo recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció en 2020 que la protección del derecho a una vivienda digna y al entorno urbano justifican la intervención de las autoridades regionales y locales para regular el uso turístico de vivienda
En Canarias existen en la actualidad 46.486 viviendas vacacionales, añade el Ejecutivo canario.
Además de abordar el derecho a una vivienda digna, la futura ley tendrá carácter transversal e incluirá aspectos que van desde el urbanismo y la ordenación del territorio, el medio ambiente y, sobre todo, la definición de un modelo de desarrollo sostenible para Canarias en el futuro inmediato.
Ahora se inicia una fase de consulta pública en la que la ciudadanía tendrá la oportunidad de expresar su opinión sobre cuál debe ser el futuro de la ordenación del uso turístico de viviendas.
En virtud de la información recabada se pasará a redactar un texto articulado. Durante el plazo de un mes, todo el que lo desee puede realizar sus aportaciones al texto normativo en el área de transparencia del portal del gobierno autonómico.
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